Muchos gobiernos se esfuerzan para controlar plenamente su territorio nacional, particularmente donde predomina la corrupción. Los conflictos armados, desastres naturales y las contiendas políticas o étnicas crean con frecuencia grandes poblaciones de desplazados en su propio país. La trata de personas debilita aún más los esfuerzos de los gobiernos por ejercer su autoridad, lo que hace peligrar la seguridad de las poblaciones vulnerables. Muchos gobiernos son incapaces de proteger a las mujeres y niños que son secuestrados en sus hogares y escuelas o en campos de refugiados. Además, los sobornos que pagan los tratantes impiden que el gobierno combata la corrupción entre los funcionarios policiales, judiciales y de inmigración.
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